El cobrador de impuestos, Pieter Brueghel “El Joven”, (ca. 1620-1640), USC Fisher Museo de Arte, Colección Armand Hammer.

El cuadro que ilustra estas líneas está fechado entre 1620 y 1640 pero, lamentablemente, a ojos de muchos de nuestros conciudadanos no parece haber pasado tanto tiempo. Aún hoy la imagen nos muestra una fatídica pero cruda realidad: las administraciones tributarias siguen siendo percibidas como instituciones confusas y distantes ante las que el contribuyente se siente abrumado.

Muchos han sido y son los encomiables esfuerzos llevados a cabo por las administraciones para acercarse a los administrados -modernos sistemas de gestión de la información, sofisticados mecanismos de cruce de datos con otras instancias públicas y privadas, procedimientos y órganos para la efectiva rendición de cuentas, campañas publicitarias y de información en medios de comunicación, iniciativas para fomentar la participación de los contribuyentes-, pero en este articulo se pretende abordar la promoción de la ética como mecanismo para que los contribuyentes perciban que sus administraciones son eficaces, eficientes, transparentes e íntegras.

Para ello es necesario centrarse en el elemento fundamental de la ecuación de la ética: el capital humano. El funcionario público es el principal agente al que deben ir encaminados todos los esfuerzos para promover la ética y la integridad en el seno de las administraciones. No queremos restar importancia a otros factores[1] como el marco legislativo, los mecanismos de control y rendición de cuentas, los sistemas informáticos o los códigos de conducta, pero es el recurso humano el elemento principal en torno al cual gira todo el entramado de un sólido andamiaje ético.

El panorama general es el siguiente: por un lado existe el consenso generalizado en todas las administraciones de contar con personal íntegro y responsable que actúe teniendo presente el deber ante la comunidad y, por otro, nunca como hasta ahora habían estado la actuación de las autoridades tributarias y la de sus servidores sometidas al escrutinio público y a la observancia de los medios de comunicación.

En este entorno es evidente que el objetivo primordial es contar con individuos honestos, y para ello es necesario tomar en cuenta las consideraciones de la Ética Pública que establece criterios de conducta para los servidores en el ejercicio de sus funciones y en la realización de sus tareas, basados en los principios de espíritu de servicio, interés general y bien común. Es aquí donde las políticas de recursos humanos y la ética entran en consideración y cobran capital importancia: la labor de definición de los perfiles, la selección y el reclutamiento de candidatos, y los programas de inducción y formación son elementos fundamentales para lograr este objetivo.

Superada ya la fase de la identificación de los valores, inauguramos el tiempo de su interiorización por parte de los servidores y su proyección en toda la organización. Para ello es necesario recordar (por si alguien lo había olvidado), enseñar (por si alguien no lo sabía) y reafirmar (por si alguien no lo comprende bien) los principios generales que priman en la actuación pública, teniendo en cuenta que cuando los servidores poseen ética son más responsables de su conducta, en general, y de cada uno de sus actos, en particular, sin necesidad de recurrir a mecanismos de control legal o administrativo.

Una política de recursos humanos que tenga en cuenta la ética en sus procesos es rentable en el corto plazo porque la ética siempre es rentable.

«Los valores éticos, insertados en los servidores públicos y cultivados de manera adecuada, pueden hacer más eficiente, transparente, equitativo y justo el arte de gobernar así como el ejercicio de la función pública»

Óscar Diego Bautista, Ética para corruptos (2012).

[1] Para más información puede consultar el Juego de herramientas para la promoción de la Ética, CIAT, 2007, ISBN 978-9962-647-20-1.

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