La voluntad de pago no debe ser vista como un objetivo centrado en la Administración Tributaria, sino como la consecuencia natural de un sistema en el que la sociedad percibe que los impuestos financian un bienestar colectivo legítimo, equitativo y transparente.

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Introducción

En su discurso de asunción de cargo un administrador tributario prometía “lograr el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias”.

El funcionario me recordó mi entrenamiento en la función auditora, muchísimos años atrás, conforme programas coercitivos institucionales cuyo objetivo también perseguían “mejorar el cumplimiento voluntario”

Siempre me pregunte que tenían de “voluntarias” las recaudaciones derivadas de determinaciones, incautaciones, clausuras, sanciones penales o embargos judiciales, acompañadas por fuerzas de seguridad.

Muchos años han transcurrido, muchas administraciones me han dado oportunidad de conocer el comportamiento tributario y también las consecuencias de no haberlo entendido a tiempo.

Algunos conceptos de la sociología fiscal aprendidos posteriormente, me permitieron reconocer el verdadero fundamento del aporte, en la satisfacción social por servicios públicos y políticas de Estado orientadas al bienestar.

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Marco del cumplimiento

El cumplimiento no es un acto aislado ni puramente técnico; surge de un escenario social complejo donde interactúan tres factores clave: cultura, conducta y voluntad.

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La cultura

La cultura es el conjunto de creencias, valores, conocimientos, prácticas y modos de comportamiento que compartimos y transmitimos de generación en generación, es tejido que conecta a las personas y se manifiesta en lenguaje, arte, religión, tradiciones, costumbres, normas y formas de organización social.

La cultura tiene una influencia profunda y determinante en la conducta, actúa como un sistema que guía las creencias, valores, normas, hábitos y comportamientos de los individuos en la sociedad.

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La conducta

Son acciones, reacciones y expresiones que una persona muestra en respuesta a su entorno, la forma en que actúa responde y se comporta, influenciada por experiencias, aprendizaje, emociones y valores en forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente en adaptación a las normas y expectativas de la sociedad.

La conducta está moldeada por la voluntad y el entorno social y cultural o por el estado emocional o físico. Entender esta complejidad es clave para abordar cuestiones como la educación, la salud, la justicia y las políticas públicas.

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La voluntad

La voluntad es la fuerza interna que da dirección a la capacidad de decidir y ejecutar conscientemente acciones con el propósito de alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad.

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El escenario ideal…

La cultura define las bases de lo que es socialmente aceptable o inaceptable, la conducta traduce la cultura en acciones y la voluntad determina la autenticidad de cumplimiento basado en una alineación profunda entre los valores internos del individuo, las normas sociales y la percepción de legitimidad y equidad del sistema.

El cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias resulta de la valoración social de los aportes como una herramienta del bienestar colectivo, un comportamiento alineado con valores culturales reforzado por incentivos y sanciones y una decisión basada en la satisfacción con los servicios y políticas públicas.

El Estado puede influir en este escenario mejorando los servicios públicos de educación, salud, seguridad y armonizando las políticas de bienestar social, combatiendo la corrupción, mostrando con claridad el destino de los recursos públicos, asegurando la equidad fiscal y entendiendo las verdaderas causas de incumplimiento para abordarlas desde su raíz.

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Factores sociales moderadores

Existen factores que juegan un papel crucial en la moderación del comportamiento y en su percepción como voluntario: las normas, costumbres y expectativas colectivas – marco de referencia de la cultura – influyen en la conducta de las personas, cuya necesidad de aceptación y pertenencia, las lleva a modificarla conforme las expectativas sociales.

La educación, la comunicación y la integridad profesional son factores movilizadores de la voluntad, para reforzar la confianza en el sistema como puente entre Estado y Sociedad.

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La satisfacción social

Un marco que encuadre la satisfacción o insatisfacción social puede estructurarse en la legitimidad del mandato estatal derivada de la participación democrática representativa que exige efectividad en la prestación de servicios públicos y políticas de distribución justa de la riqueza, con sistemas tributarios percibidos como justos y políticas orientadas a cerrar brechas económico-sociales.

En resumen, la clave está en una relación bidireccional entre Estado y Sociedad, donde las políticas públicas no solo buscan el cumplimiento de normas, sino también el fortalecimiento de una cultura basada en la confianza, la transparencia y la participación de la comunidad.

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La gestión fiscal

Ámbito de confianza

En lo fiscal se produce un cambio de conducta voluntario – sin coerción -cuando el tributo nace de la motivación y la decisión de los ciudadanos conscientes de la importancia de su aporte al bienestar común.

Es probable que los contribuyentes incumplidores opten voluntariamente por cambiar su conducta en comunidades en las que los impuestos son destinados a servicios públicos de calidad, programas sociales eficaces y una confiable gestión del Estado generadora de cultura de cumplimiento y sentido de responsabilidad colectiva. La Administración Tributaria (AT) “estimula el cumplimiento de obligaciones fiscales” a través de una combinación de servicios al contribuyente y procesos intrusivos para el incumplimiento.

Los servicios administrativos por sí no generan voluntad de pago y los procesos intrusivos desenfocan los factores sociales, estructurales y democráticos que influyen en la voluntad colectiva de contribuir.

Cuando el Estado ofrece transparencia en el destino de los impuestos, los contribuyentes perciben la utilización de su aporte para el bienestar y la administración tributaria genera confianza alineándose con una conducta más colaborativa y menos autoritaria.

La administración debiera trabajar en mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado sobre todo en su transparencia, la eficiencia de los servicios públicos (educación, salud, seguridad, infraestructura) y la equidad de sus políticas de bienestar para fortalecer el pacto social.

Se puede redefinir el rol institucional promoviendo cultura de cumplimiento a través de políticas públicas que vinculen los aportes fiscales a los beneficios sociales.

Al centrarse en el fomento de una cultura de cumplimiento basada en la satisfacción social y la equidad, se fortalece el equilibrio del pacto social.

OCDE presenta modelos cooperativos y de diseño, que implican el acercamiento de los sectores más trascendentes de la economía a la gestión del Estado.

Actualmente recomienda una mayor integración entre grandes empresas y la administración tributaria en el trabajo de determinar la realidad económica, su gravitación en el aporte y la integración de sistemas.

El marco apunta a que los grandes contribuyentes asuman un papel más activo en la auditoria y el cumplimiento tributario.

Este enfoque permite a los contribuyentes una posición de mayor incidencia para demandar al Estado políticas públicas más efectivas, transparentes y orientadas al bienestar social.

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Cumplimiento cooperativo

El cumplimiento cooperativo es un programa abierto a las empresas a las que la AT ofrece servicios de la mayor calidad, oportunidad y seguridad jurídica que reduce la litigiosidad de los contribuyentes.

El cooperativismo fomenta una relación de confianza, incentivando la autorregulación y el compromiso con la comunidad,

El modelo se apoya en una relación basada en la cooperación que garantiza cumplimiento tributario y se distingue en una relación que pasa del modelo tradicional de reacción frente al fraude, a un enfoque de prevención de la evasión y elusión tributarias.

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Cumplimiento por diseño  

Se refiere a la siguiente etapa en el camino de la digitalización integrando los procesos de las AT con los sistemas que los contribuyentes utilizan para sus negocios, administrar sus finanzas e interactuar con sus clientes y empleados.

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Ámbito intrusivo

•  • La coerción

Abordar los efectos de la coerción como estrategia de control y recupero del crédito, es admitir el impacto negativo de las políticas y servicios del Estado en la conducta de los contribuyentes.

Algunas administraciones buscan potenciar su capacidad de detección de incumplimientos renovando su tecnología sin prever o disponer suficiente capacidad coactiva para ejecutarlos, generando la mayor velocidad de los medios, el estrangulamiento de la cobranza.

Las inversiones en tecnología pueden ser percibidas como superficiales si no se planifica adecuadamente su capacidad de detectar incumplimientos y la de recuperar los créditos resultantes.

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• • La coacción

La amenaza de auditoría tal vez puede disuadir a algunos contribuyentes de incumplir, pero si la determinación no tiene ejecución efectiva en la recuperación de los créditos, la disuasión pierde fuerza.

La falta de jurisdicción de la administración tributaria para ejecutar la morosidad por si o por su dependencia del Poder Judicial, limitan su capacidad de recuperar el crédito perdido, afectando la moral institucional, la percepción pública de justicia fiscal y la efectividad de la administración tributaria generando dudas en su capacidad de controlar el incumplimiento.

Queda entonces la duda si es la Administración Tributaria el organismo capaz de torcer la voluntad de incumplimiento de una sociedad que concede mandato de servicios y políticas a un Estado incapaz de satisfacerla.

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¿Es el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, objetivo de la administración tributaria…?

Las administraciones tributarias que dicen perseguir el cumplimiento voluntario con servicios y coerción enfrentan el desafío de que la voluntad del cumplimiento depende en gran medida de la satisfacción de la sociedad por el desempeño del Estado y no tanto de sus capacidades.

Es menester un cambio cultural que trascienda el enfoque tradicional de servicios e intrusión y ponga en primer plano el replanteo social del rol de las instituciones y las profesiones en la gestión de recursos y servicios públicos.

La administración tributaria, en ese caso no sería el centro de la relación entre la Sociedad y el Estado, sino una función delegada de un sistema de políticas que abarca áreas más amplias requirentes de una visión global.

La influencia de la gestión del Estado en el comportamiento social como formador del cumplimiento tributario, excluye la voluntariedad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias como objetivo de una administración tributaria exclusivamente responsable de servicios para el cumplimiento y de intrusión para el incumplimiento.

La razón fundamental por la que la administración tributaria debe replantear su objetivo de «cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias» radica en que este objetivo sobrestima su capacidad para influir en la voluntad de los contribuyentes y desvía la atención de los factores estructurales y sociales que condicionan el comportamiento fiscal.

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Fundamentos y aserciones

El cumplimiento voluntario depende del pacto social, no de la administración tributaria: La voluntad de cumplir con las obligaciones tributarias no se origina en los servicios administrativos ni en la intrusión, sino en la satisfacción de la sociedad con la gestión estatal, particularmente en áreas como educación, salud, seguridad y equidad en la distribución de la riqueza.

La administración tributaria no controla la satisfacción social: Aunque puede proveer servicios eficientes y adoptar estrategias intrusivas, estas acciones no abordan las causas más profundas del incumplimiento tributario ligadas a la percepción social de la legitimidad del Estado y la equidad en el uso de los recursos públicos.

El enfoque actual desvía recursos y esfuerzos: La inversión en tecnología, auditorías y mecanismos de coerción puede generar resultados inmediatos, pero a menudo distrae de problemas más profundos, como la insatisfacción con la calidad y transparencia de los servicios públicos.

La coerción no genera confianza: Las estrategias intrusivas para controlar el incumplimiento pueden deteriorar la relación entre el Estado y la sociedad, debilitando la confianza en las instituciones y perpetuando un círculo de desconfianza y evasión.

Cambio de enfoque para fortalecer el pacto social: Un replanteamiento del objetivo permitiría a la administración tributaria adoptar un rol complementario, enfocado en apoyar al Estado para mejorar las políticas públicas y fomentar la confianza ciudadana en las instituciones.

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Propuesta

La Administración Tributaria debería enfocarse principalmente en:

• • Facilitar el cumplimiento técnico de las obligaciones mediante servicios eficientes.
• • Colaborar con otras instituciones estatales para identificar y abordar las causas sociales y estructurales del incumplimiento.
• • Proveer retroalimentación al Estado sobre los factores que influyen en la voluntad de pago, permitiendo ajustes en las políticas públicas que fortalezcan el pacto social.

El objetivo de «cumplimiento voluntario» debe evolucionar hacia un enfoque que reconozca su dependencia de una relación más amplia entre el Estado y la sociedad, donde la satisfacción ciudadana sea el verdadero motor de una cultura fiscal responsable.

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Reflexión final

Los pensamientos transmitidos carecen de otro objetivo que el de inducir a la comunidad a recordar el momento del origen del mandato del Estado, aquel en que el hombre descubre su necesidad de asociarse en propiedad para a producción comunitaria abastecedora de vida y autorizar a una parte de la asociación, para administrar y asegurar los recursos al precio de un aporte social para cumplir sus objetivos.

Entonces el aporte pretendía asegurar el derecho de la sociedad a vivir en convivencia y a los mandatarios el de recibir los recursos necesarios para proveerla.

Actualmente vivimos en situación de invertir obligaciones y derechos:  pareciera que los derechos corresponden a mandatarios sin obligaciones y las obligaciones a quienes los invisten, sin derecho alguno.

La idea del Estado mandatario determina hoy el nacimiento de aportes sociales bajo la forma de impuestos mal asumidos como derecho inalienable del Estado, más allá del incumplimiento de su mandato y de la insatisfacción social que genere tal circunstancia.

Tanto se arroga el Estado sus derechos sin obligaciones, que tolera a la delincuencia llegar a las decisiones del poder político, para demoler en democracia la participación en ellas y hacer creer que la voluntariedad del aporte pertenece a quien tiene las armas para exigirla.

Otro si digo: Respecto al nuevo director al que me he referido más arriba, tal vez la experiencia le convenza de las restricciones de su gestión para cumplir el objetivo que se ha trazado, si es que aún lo mantiene.

Yo por de pronto le agradezco la oportunidad que me dio para “discutirlo” con la IA.

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