El equilibrio entre Sociedad y Estado resulta de manera relevante, de la satisfacción por la redistribución del servicio público y de la equidad en la distribución de la carga que lo compensa.

Tal equilibrio se sustenta en una teoría según la cual Sociedad y Estado deben su relación a un pacto o contrato social libremente establecido, en el cual predomina el Estado-Nación moderno y las ideas sociopolíticas que sostienen: el modelo ideal de sociedad en que se desea vivir, el rol de Estado promotor de justicia social y el intercambio de derechos y obligaciones entre el Estado y los ciudadanos.

Una directriz que incluida en las cartas magnas de las comunidades constituyen el “pacto social” cuya falta o defectos en su expresión formal, alienta el desentendimiento de las obligaciones de las partes hacia el Estado de bienestar.

El Estado de bienestar es un concepto desarrollado a partir del enfrentamiento entre el liberalismo más radical de no intervención y el comunismo de total control por parte del Estado, como opción intermedia del sistema organizativo después de la segunda guerra mundial.

La utopía de la gestión del Estado de Bienestar es lograr que el sistema fiscal resulte de la satisfacción de los servicios esenciales y aceptado a través de normas tributarias con fundamento solidario.

El pacto social asiste al Estado de bienestar en un modelo de reivindicaciones laborales y desarrollo de partidos democráticos, que cubre los derechos sociales.

La insatisfacción por la gestión gubernamental de los recursos, la distribución del gasto público y el nivel de fraude fiscal, influyen negativamente sobre la relación de intercambio fiscal que hacen los ciudadanos.

La transparencia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, son elementos críticos para determinar la eficacia, eficiencia y capacidad de la gestión de los gobiernos. Buen gobierno es aquel que con participación social directa o mediante instituciones intermedias legítimas o representativas, satisface a la comunidad con su gestión.

Las encuestas sociales señalan la insatisfacción popular por la democracia vigente en los países y advierten significativas bajas en los niveles de confianza y en la aprobación de los gobiernos latinoamericanos. (Latinobarómetro 2018)^[1].

La OCDE, en su informe “Perspectivas económicas de América Latina 2018”^[2], resalta una mayor desconexión entre ciudadanos e instituciones públicas originada en desconfianza de los gobiernos, déficits de los servicios públicos y escasa moral tributaria.

Resulta interesante comparar la situación social contemporánea con la que originó la imperiosa y violenta reacción popular de la comunidad en la Revolución Francesa, exigiendo participación democrática y mejores servicios.

Importante es la baja de la satisfacción social por los principales servicios gubernamentales en Latinoamérica, salud y educación.

Conforme se muestra en los cuadros, la insatisfacción se traduce, conforme se muestra en el Cuadro de la CEPAL^[3]; en un alto nivel de incumplimiento tributario (CEPAL, síntoma de desequilibrios en el pacto social, que concurren a la anomia social existente.

Nota: Las estimaciones se basan en estudios nacionales sobre el incumplimiento tributario del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado (IVA). Las cifras corresponden a un promedio ponderado basado en el PIB a precios corrientes expresados en dólares estadounidenses. Los países incluidos en el análisis para el impuesto a la renta son la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, el Ecuador, el Salvador, Guatemala, México, Panamá, el Perú y el Uruguay. Para el IVA, los países son la Argentina, Bolivia (Estado plurinacional de), el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, el Ecuador, el Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú y el Uruguay.

Las circunstancias políticas, parecieran anunciar repetición de algunos hechos de la historia.

¿Es la insatisfacción por la prestación ineficiente de los servicios públicos exclusividad del desequilibrio en el pacto?

Son fundadas las razones que, en los ámbitos sociopolítico y cultural, económico fiscal y tributario lo desmienten.

La falta o insuficiencia de participación democrática de la sociedad; la práctica totalitaria de abusos de poder, violencia física y psicológica; la corrosión de la esencia moral de las instituciones públicas y también las normas personales y sociales que influyen en el comportamiento son razones adicionales del ámbito sociopolítico y cultural que influyen en tal desequilibrio.

En lo económico, se señalan como desequilibrantes la ineficiente capacidad redistributiva del gasto público y la falta de transparencia de la gestión del Estado.

La Política Tributaria induce al desequilibrio fiscal a través de la falta equidad de la imposición, la regresividad y la discriminación del gasto tributario, la complejidad del orden jurídico o el peso insoportable de la carga tributaria.

Cuando las causas mencionadas afectan el equilibrio del pacto, deben realimentarse con políticas correctivas en procura de ajustes al comportamiento de la relación.

Si privan decisiones políticas o necesidades electorales, que impiden hacerse cargo de ellas, el desequilibrio saltará a la vista en las recaudaciones y los gobiernos apremiarán a las instituciones tributarias exigiendo incrementos de la presión fiscal o mayor intrusión en los procesos disuasivos para corregir las conductas “poco cooperativas”.

En estos casos la situación se agrava cuando las instituciones recaudadoras no disponen facultades o herramientas, procesos y talentos para forzar el aporte y se carece de voluntad política o recursos para abastecerlas.

Los argumentos utilizados para justificar los desequilibrios en el pacto social no son siempre lealmente expuestos, la variable casi siempre utilizada es la insuficiencia de recursos del Estado para cubrir necesidades de gestión.

La gestión de algunos Estados a veces contradice sus promesas electorales con el ejercicio discrecional del poder en beneficio de las clases más ricas y con políticas regresivas que inducen a la desigualdad y la pobreza.

El Estado debe aceptarse como una fracción social acordada por la comunidad para administrar su convivencia en paz y armonía y para servirle a cambio del sacrificio de sus ingresos y no para el ejercicio de un mandato útil al coartamiento de sus libertades y aspiraciones.

La abundancia y el manejo de la información que dispone el Estado derivada de las nuevas corrientes tecnológicas debe utilizarse principalmente para conocer al hombre, estimular sus actitudes solidarias y procurar la satisfacción de su convivencia mediante un pacto que regule su armonía.

El orden social de la comunidad nació con la supervivencia humana y evolucionó en ella en un conflicto permanente de aspiraciones de poder e intereses egoístas, los esfuerzos en buscar acuerdos están fracasando y del pacto social en la actualidad solo se verifican tibias expresiones que hipócritamente intentan disimular la injusticia en la que la Región convive.

[1] Latinobarómetro 2018, https://www.latinobarometro.org/latNewsShowMore.jsp?evYEAR=2018&evMONT…
[2] OCDE; Perspectivas Económicas de América Latina 2018, Perspectivas económicas de América Latina 2018 | READ online (oecd-ilibrary.org)
[3] CEPAL, Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019. Políticas tributarias para la movilización de recursos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (incp.org.co)

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