Facturas electrónicas y documentos equivalentes

Sin duda, el uso de facturas electrónicas, notas de crédito o débito electrónicas y similares, en sustitución de sus equivalentes en papel, para documentar las transacciones entre contribuyentes es hoy una realidad. Por citar un ejemplo, en Brasil, en la segunda mitad del año pasado se alcanzaron los mil millones de facturas emitidas electrónicamente, todas almacenadas íntegramente en las administraciones estaduales y nacional, y autorizadas previamente a su autorización. El sistema había estado operando ya unos pocos años. En la primera mitad de este, y en un lapso menor a un año, se alcanzó los dos mil millones.

Claro, estos números se explican porque se trata de una economía muy grande, porque se ha establecido un esquema gradual de obligatoriedad, y porque, sin duda, la propuesta funcionó y resultó beneficiosa para los contribuyentes.

Pero Brasil es solo uno de los países que han implantado un modelo de facturación electrónica impulsado desde la Administración Tributaria. Con distintos modelos de implementación, pero con números muy importantes encontramos al pionero Chile que mantiene un esquema voluntario; a países como Argentina o México que han optado, como Brasil, por modelos en que hay sectores obligados. A éstos últimos se está sumando Ecuador que también adoptaría un proceso gradual de obligatoriedad. Eso sí, los modelos no son idénticos y hay variantes significativas en la forma, más o menos protagónica, en que actúa la Administración Tributaria.

Es cierto, hay preguntas que resolver en los países que están “ideando” el desarrollo de su propio modelo: ¿la administración recibirá resúmenes de los documentos, o los documentos enteros? ¿lo recibirá en bloques al final de un período después de que las cosas ocurran, o con una frecuencia mayor – una o varias veces al día –  o incluso se autorizarán antes de que ocurra la emisión? ¿se incluirá a sectores minoristas? ¿qué tipo de soporte y ayuda se dará a contribuyentes medianos y pequeños? ¿qué hacer en contingencia o en lugares con conexiones limitadas a la Internet? ¿se tornará obligatorio o voluntario?, y si es así ¿a quiénes se obligará? ¿se normarán únicamente los campos de interés para la Administración – extrapolando el modelo de papel – o se agregarán otros de interés particular para distintos sectores? Pero, la pregunta que pareciera ya no se hace, es si se va implementar o no, la respuesta pareciera ser que sí y en duda queda solo saber cuándo y cómo. Claro, en parte por las bondades del sistema, administrativas, económicas, ambientales que motivan ciertamente a las administraciones, pero también, porque más tarde o más temprano la demanda de los contribuyentes irá creciendo, como me lo confirmaba hace unos días la representante de un país caribeño.

Es entendible que exista preocupación desde la óptica de los derechos ciudadanos. La información contenida en esos monstruosos volúmenes satisfaría la glotonería de cualquier “gran hermano”, y el solo hecho de la existencia de tanta información concentrada sería argumento para algún relato “Orwelliano”. Pero, optimista incorregible, pienso que el sigilo y el secreto deberán estar presentes donde corresponda y que los beneficios superan con creces los obstáculos y amenazas. Pensemos más bien en algunas potencialidades: están la agilidad y el ahorro de papel; el aumento de certeza sobre los documentos para la Administración y los contribuyentes, brindada tanto por la autenticidad e integridad de documentos firmados electrónicamente con certificados digitales como por la posibilidad de garantizar la validez de los créditos tributarios reflejados en esos documentos; el notable incremento en la dificultad de implementar odiosas prácticas como la denominada “doble facturación” o la existencia de sociedades dedicadas a la venta de un único producto: facturas.

Las potencialidades para la Administración desde el ámbito del control son importantes: los cruces de totales de ventas declaradas y facturadas, de compras declaradas y facturas recibidas, los gastos con montos elevados sin correspondencia razonable con los ingresos declarados, el uso de créditos no correspondientes a la actividad económica son casi obvias. Pero también aumenta la posibilidad de establecer controles más precisos a las operaciones exentas, a las devoluciones a exportadores, a la devolución de impuestos al consumo a turistas, etc. Estas posibilidades son aún mayores si consideramos que en el futuro podría madurar el intercambio de facturas electrónicas también en el comercio internacional. Estamos precisamente en la Secretaría Ejecutiva trabajando en esa dirección.

Para los contribuyentes se abre la posibilidad cierta de disminuir costos asociados al cumplimiento, e incluso poco a poco liberar algunas obligaciones de carácter formal – reportar operaciones de venta o más tarde los propios libros – pero también se abre el espacio para realizar operaciones de modelo de negocio a negocio bajo un nuevo paradigma, de computador a computador, sistema a sistema, ERP a ERP. Se va haciendo viable la posibilidad de establecer propuestas de declaraciones, no solo en relación con el impuesto a la renta anual como ya ocurre en varios países, sino también en declaraciones de frecuencia mayor como el Impuesto al Valor Agregado.

Para los sectores de las TIC se crean interesantes oportunidades tanto para desarrollar soluciones “a la carta”, como para crear soluciones de estantería asociadas a los ERP(1)s a los sistemas contables o los sistemas POS. Pero también para desarrollar servicios en la nube de tipo SaaS(2) o IaaS(3), y ciertamente para establecer sólidas bases orientadas a una interoperabilidad mayor. La posibilidad de integrar las facturas electrónicas de las compras del sector público con los sistema de pagos electrónicos gestionados por las tesorerías y los procesos de subasta electrónica es solo una muestra de las opciones disponibles.

En materia de análisis estadístico y estudios económicos las posibilidades son inmensas, al potenciar estudios más precisos por sectores muy específicos y delimitados, pero sobre todo si el modelo se acompaña con el uso de un código estándar de productos y servicios (GS1 por ejemplo) que permitiría, por ejemplo, instrumentar con mucha precisión tasas distintas para distintos productos, identificadas de manera muy precisa en cada transacción, lo que permitiría una mejor atenuación de la regresividad del IVA, al distinguir perfectamente un queso Roquefort, de aquel que se usa para la sopa del día a día.

Con este post termino esta serie, y por un tiempo me despido. Saludos y suerte.

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