En el Estado de Autonomías español

Acabamos de vivir unas elecciones europeas con resultados atípicos en las que yo me pregunto: ¿realmente los ciudadanos somos capaces de atribuir qué responsabilidades corresponden al plano supranacional (en este caso europeo)? Mi opinión es que no, ya que ni siquiera sabemos hacerlo correctamente a nivel nacional.

Esta semana he participado en la conferencia «La nueva reforma de la financiación autonómica: análisis y propuestas» financiada por FUNCAS-RIFDE en donde presentaba, junto a dos colegas académicos, un papel sobre visibilidad, transparencia y atribución de responsabilidades. Han sido dos días de interesantes aportaciones para la mejora del actual sistema autonómico español en donde ha quedado de manifiesto que, a pesar de los éxitos y avances logrados hasta el momento, queda todavía mucho camino por recorrer tras los ya 35 años de descentralización del sector público español.

En democracia los ciudadanos emiten periódicamente en las urnas su veredicto sobre la tarea del gobierno durante la legislatura. Y en este sentido, los políticos se esfuerzan en llevar a cabo las políticas que consideran que serán premiadas por los ciudadanos. Pero sin embargo, esta lógica premio-castigo sólo puede funcionar si los individuos son capaces de atribuir correctamente las responsabilidades entre las diferentes instituciones políticas.

Para que la rendición de cuentas y control sobre el sistema político tengan lugar de forma adecuada, es imprescindible la visibilidad de las políticas públicas: los ciudadanos deben tener la máxima información posible acerca de qué políticas públicas (de gastos y de ingresos) se están aplicando así como quién es el responsable de su aplicación.

La rendición de cuentas, incluso cuando existe un solo nivel de gobierno, puede verse dificultada cuando el poder está compartido por distintos órganos o partidos políticos. Pero la atribución de responsabilidades todavía es más compleja cuando el poder también está repartido verticalmente (Estados descentralizados), con la existencia de varios niveles de gobierno, como ocurre en el caso español (Estado central, comunidades autónomas y entes locales comparten responsabilidades en ingresos y gastos). En España, la asignación de competencias de gastos e ingresos a los gobiernos regionales y locales hace aún más complicada una evaluación correcta de la gestión pública por parte de los ciudadanos. En este sentido, ¿creéis que los españoles sabemos atribuir correctamente a qué nivel de Gobierno pagamos cada impuestos o quién es el responsable de prestar uno u otro servicio público para poder «premiar» o «castigar» su buena o mala gestión pública de esas políticas?

Según los resultados obtenidos por nuestro artículo, los españoles carecen de suficiente información sobre el Estado de autonomías para atribuir correctamente responsabilidades sobre las políticas de gasto, y aún menos sobre los ingresos. El siguiente gráfico, a modo de ejemplo, pone de manifiesto el alto grado de desconocimiento sobre qué nivel de Gobierno es responsable de la sanidad, servicio público «estrella» para los españoles que lo erigen como la principal razón para cumplir con sus obligaciones tributarias. Los siguientes datos expresan, a nivel autonómico, el número de aciertos (expresado en porcentaje) en la atribución de la sanidad como servicio público responsabilidad de las CC.AA.

Estos datos podrían estar evidenciando la existencia de un proceso de aprendizaje (año 2005 vs 2010): cuanto más tiempo ha pasado desde que se consolida el proceso de descentralización, más claro tendrán los ciudadanos quién es el agente responsable de las políticas públicas. Hay CC.AA. como Madrid o «resto» cuyo proceso de descentralización y asunción de competencias se produjo por la «vía lenta» (más tarde que otras como Cataluña, Andalucía o Comunidad Valenciana entre otras). También puede asumirse un efecto «crisis» en donde los recortes sufridos por los ciudadanos en los últimos años para el caso de la sanidad, entre otros, hagan más visibles el nivel de Gobierno responsable de su prestación.

En definitiva, parece clave que el diseño institucional es clave para la atribución de responsabilidades. Sin embargo, en un país donde el español en donde este diseño es más complejo, no podemos atender a aquellas voces que abogan por una «recentralización» de determinados tributos o políticas de gasto sino que, desde mi punto de vista, la solución viene de la mano de una mayor transparencia e información sobre nuestro Estado de autonomías. La descentralización está directamente asociada con el fortalecimiento de la democracia, a través de los mecanismos de participación y supervisión de las actuaciones públicas. Sin embargo, los problemas de desinformación en el contexto descentralizado español ponen en cuestión el argumento de que la descentralización fiscal cree las condiciones para un mayor control de la actuación de los políticos e incluso pone en entredicho los avances logrados por el Estado de autonomías español.

Desde vuestro punto de vista, ¿creéis que estamos suficientemente informados sobre el diseño del Estado de autonomías? ¿Si tuviérais que reclamar sobre la mala gestión de un determinado servicio público o prestación social, sabríais si acudir al Estado central, comunidad autónoma o ayuntamiento? Y para aquellos que no viváis en España, ¿cuál es vuestra experiencia en vuestro país?

Sigamos reflexionando…

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