Uno de los temas de los que sin duda hablaremos en los próximos años es el de la robotización y sus efectos. Por una parte, ya existen estudios sobre el impacto que dicha robotización va a tener sobre el empleo y las cifras son altamente preocupantes. Pero más allá de estos datos, incluso los estudios menos alarmistas sobre el futuro del empleo reconocen que al menos durante unos años –los que permitan la transición hacia nuevos puestos de trabajo- deberemos adaptarnos a un panorama muy diferente, lo que financieramente tendrá una considerable repercusión para los países.

Como es sabido, la robotización y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo implicarán pérdidas recaudatorias importantes, así como nuevos gastos que afrontar. De un lado, cabe destacar la pérdida recaudatoria en el Impuesto sobre la Renta y la derivada de las contribuciones a la Seguridad Social y, de otro, más gastos para hacer frente al desempleo.

Ante esta situación las alternativas han empezado a plantearse. Bill Gates ha dado gran visibilidad a este debate, al afirmar que si los robots van a “robarnos” el trabajo, dichos robots deberían pagar impuestos. Pero no se trata de una excentricidad, el debate se ha planteado en el terreno político. En su propuesta de Informe del Parlamento europeo -de la que fue ponente Mady Delvaux- de mayo de 2016 se propone someter a un impuesto el trabajo que ejecutan los robots o exigir un gravamen por el uso y mantenimiento de cada robot. En el informe final, sin embargo, esta opción, así como la introducción de una renta básica, fueron rechazadas.

Sin embargo, todas estas opciones acaban descansando sobre un mismo interrogante ¿cómo conseguir proteger la recaudación y el Estado del bienestar ante este nuevo panorama? De este modo, más allá de fórmulas originales como la de gravar los robots, nos planteamos si lo adecuado no será que las sociedades y empresas –titulares de tales robots- sean quienes deban hacer tal esfuerzo tributario, aumentando su contribución al sostenimiento de los gastos públicos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el de Sociedades es un impuesto en crisis, claramente en los países desarrollados, si observamos la evolución de este impuesto sobre el PIB.

En este sentido, la configuración del Impuesto sobre Sociedades se ha convertido en un tema clave. Por una parte, el esfuerzo que se ha llevado a cabo en el contexto del Proyecto BEPS de la OCDE y el G20 y que gracias a su ámbito inclusivo reúne ahora a más de 100 países, supone seguir apostando por los tradicionales criterios en los que se basa el reparto de la soberanía tributaria entre Estados: criterio de residencia y, en menor medida, criterio de fuente basado en el concepto de Establecimiento Permanente –corregido para evitar su elusión artificial tras las conclusiones alcanzadas en la acción 7 del Proyecto-. BEPS se ha centrado en mantener estos principios de fiscalidad internacional reparando los desajustes que la globalización y el desarrollo de la economía digital han originado. Pero siguen subsistiendo dudas sobre si este camino es suficiente y pondrá fin al escaso potencial recaudatorio del Impuesto o a su vulnerabilidad frente a la planificación fiscal agresiva de las empresas que actúan a nivel global y de forma digital.

En realidad la pregunta es: ¿el sistema de fiscalidad internacional actual –incluso tras pasar la “reparación” BEPS- permite gravar adecuadamente los nuevos modelos de negocio de la Economía Digital? En la respuesta hay que tener en cuenta que en 2017, 9 de las 20 mayores empresas por capitalización de mercado son empresas tecnológicas y representan el 54 % de la capitalización bursátil total de esas 20 mayores empresas (Lista de las 100 mayores sociedades del mundo por capitalización de mercado, PWC, 2017).

Frente a BEPS cada vez adquiere más protagonismo la idea del gravamen en la fuente como criterio principal de sujeción al impuesto. Basta citar la reforma americana y su Impuesto sobre el cash flow en destino. Pero también en el contexto del Proyecto BEPS, en el ámbito de la Economía Digital -Acción 1- se ha analizado la opción de gravar en el país de la fuente la renta obtenida por una empresa no residente que carece de presencia física en el mismo. Las alternativas son tres: la configuración de un EP Digital basado en la presencia económica significativa, una retención de salida a las transacciones digitales y el establecimiento de un impuesto que grave estas operaciones, conocido como Equalisation Levy. La enorme dificultad de consenso en este ámbito ha pospuesto la solución al año 2020, habiendo fracasado –de momento- esta vía multilateral.

Por su parte, la UE también quiere liderar este debate y en los últimos meses estamos viviendo una auténtica revolución. La Presidencia de Estonia ha considerado esta cuestión prioritaria y Austria, que ostentará la presidencia en el segundo semestre de 2018, ya ha anunciado que apostará por el concepto de EP virtual. Por una parte, Francia, Alemania, Italia y España proponen la introducción de un impuesto sobre las ventas para las empresas tecnológicas con actividad económica en la UE, y otros seis países les han mostrado su apoyo en la reunión informal del ECOFIN de septiembre de 2017. Este impuesto compensatorio sobre el volumen de negocios se exigiría a las empresas digitales bien en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades o como un impuesto independiente. Junto a ello, la propuesta de armonizar el Impuesto sobre Sociedades en Europa (BICIS y BICCIS) no consigue unanimidad porque la oposición de los Estados claramente perdedores con este proyecto lo impide.

Mientras tanto, los Estados actúan de forma unilateral. Así, solo en el seno de la UE cabe citar el Reino Unido y su Diverted Profit Tax, Alemania y su Netflix Tax, Francia y su propuesta de un Youtube Tax o Italia que ya ha anunciado una retención sobre las transacciones digitales y una modificación del nexo requerido para el gravamen en la fuente.

Sin embargo, al menos en el contexto europeo preocupa que estas soluciones unilaterales puedan fragmentar el mercado interior, creando nuevas posibilidades de abuso y planificación agresiva e incrementando la incertidumbre y la litigiosidad. No obstante, frente a estos inconvenientes la experiencia está demostrando que el multilateralismo, aunque sea la opción deseable, es casi imposible, en tanto que las medidas unilaterales impulsan el proceso y pueden ser la base para avanzar y mejorar.

Por todo ello, quizá debemos apostar por la cooperación reforzada para la Base Imponible Común del Impuesto sobre Sociedades y para la futura regulación de la fiscalidad de la economía digital, aceptando de momento, una Europa a dos velocidades, consiguiendo que todos estos cambios vayan consolidándose e incrementando el número de países que se adhieran, lo que sin duda evita descoordinaciones, competencia fiscal desleal y doble imposición.

En definitiva, lo que parece claro es que en los próximos años asistiremos a un cambio importante en las bases que han configurado los sistemas tributarios en el último siglo, e iremos hacia una fiscalidad directa basada en un gravamen en destino, y el gravamen sobre los beneficios de las sociedades tendrá más en cuenta la demanda del mercado que la residencia de las sociedades. Si la respuesta no puede ser global y multilateral, vayamos por partes y consigamos al menos el más amplio consenso posible entre los Estados.

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