Las grandes empresas aportan un porcentaje muy alto de la recaudación tributaria

por lo que cualquier variación en su comportamiento fiscal tiene amplia repercusión en los ingresos públicos en nuestros países.

Por este motivo, la mayoría de las administraciones tributarias cuentan con unidades especializadas para el control de los grandes contribuyentes y han promovido cláusulas anti-abuso y normas para ampliar las bases imponibles en la imposición societaria en la estela del Plan de acción BEPS.

En paralelo, en algunos países se han puesto en marcha programas de relación cooperativa para incentivar el cumplimiento voluntario, reforzar la transparencia y reducir la conflictividad.

En realidad las dos estrategias, Plan BEPS y relación cooperativa, pueden ser complementarias, puesto que de lo que se trata es de ofrecer fórmulas colaborativas a quienes actúan con transparencia y están dispuestos a cooperar con la administración, y así liberar recursos para reforzar el control de aquellos que actúan con opacidad y / o incumplen.

Por otra parte, puesto que la responsabilidad social corporativa ha producido escasos resultados en el ámbito fiscal, algunos países han optado por reforzar las reglas de buen gobierno corporativo de las sociedades mercantiles aprobando normas que directamente imponen obligaciones a las sociedades en materia de gobernanza fiscal.

En España, desde 2015 la ley de sociedades de capital atribuye a los consejos de administración de las sociedades cotizadas, como facultad indelegable, la determinación de la estrategia fiscal y de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, de la entidad o grupo. También se atribuye al consejo la aprobación de las operaciones de especial riesgo fiscal y las relativas a entidades de propósito especial o en paraísos fiscales.

Con ello se pretende que la fiscalidad forme parte de la agenda permanente de los consejos de administración de las grandes sociedades, sin que su componente técnico y complejidad sirvan de pretexto para que los máximos responsables de las empresas vivan al margen de las decisiones tributarias, dejando que toda la responsabilidad sea de los especialistas de su departamento fiscal.

Con la nueva regulación mercantil no necesariamente cambiará el comportamiento de aquellos grupos económicos que buscan a toda costa pagar los mínimos impuestos posibles y actúan con opacidad, pero, al menos, el consejo de administración deberá asumir expresamente ese comportamiento ante los accionistas, los grupos de interés y la sociedad.

Para quienes quieren cumplir, en mi opinión, no es suficiente con definir la estrategia fiscal de manera genérica, simplemente asumiendo el cumplimiento de las normas fiscales en todos los países en los que se opera y la colaboración con las administraciones tributarias.

A mi juicio, se debe entrar en detalles, lo que significa que el consejo debe pronunciarse sobre las siguientes cuestiones:

pronunciarse sobre las siguientes cuestiones:

– Si su estrategia fiscal se basa en el cumplimiento literal de las normas fiscales o en una interpretación basada en su espíritu y finalidad.

– El grado de alineamiento con el Plan BEPS, en particular, si los impuestos sobre el beneficio pagados en cada país son coherentes con el valor generado en cada uno de ellos y si se elabora un informe país por país (y si es público).

– La existencia de entidades en paraísos fiscales y los planes sobre su mantenimiento o extinción.

– La incidencia que las prioridades y planes de control que algunas administraciones tributarias publican puedan tener en su actividad.

– Su posición frente a los mecanismos de relación cooperativa que puedan existir en los países en los que opera.

– Su protocolo de actuación para asegurar que el consejo de administración aprueba caso a caso las operaciones con consecuencias fiscales relevantes.

– Su forma de actuación ante las contingencias fiscales. ¿Se formulan consultas a la administración y se solicitan acuerdos previos de valoración?, ¿se comunican sistemáticamente a la administración tributaria las posiciones fiscales inciertas?, ¿se intenta llegar a acuerdos con la administración o se prefiere litigar?

– Aplicando la metodología de análisis de riesgos que se utilice por la empresa, ¿cuál es su “apetito por el riesgo fiscal” y cómo se gestiona?

Algunos expertos fiscales de las grandes empresas y grupos económicos consideran que este enfoque constituye una buena oportunidad para que la función fiscal desempeñe un papel más central en el modelo de negocio y para que las responsabilidades fiscales se asuman siempre al nivel correspondiente.

Pero otros muchos consideran que involucrar de verdad a los consejos de administración en las decisiones fiscales no tiene sentido: ni les interesan ni van a entender la complejidad técnica de los asuntos, y si en el futuro hay problemas la culpa será del técnico que no les informó bien; por tanto, se trata de cumplir formalmente la nueva normativa, pero en el fondo siguiendo como hasta ahora.

A los escépticos siempre les pongo un ejemplo intentando cambiar su percepción. Supongamos que caben dos interpretaciones sobre las consecuencias fiscales una importante transacción ya realizada por la sociedad y la interpretación favorable para la empresa implica pagar 300 millones de dólares menos de impuestos. ¿Quién decide si se asume el riesgo? Si se opta por la interpretación favorable, ¿quién decide si debe informarse a la administración tributaria de la existencia de una posición fiscal incierta? Hacerlo supone convertir un riesgo potencial de regularización tributaria en riesgo real, ya que es posible que la administración esté en desacuerdo con el criterio de la empresa y el precio a pagar serán 300 millones de dólares. ¿Y los accionistas?,

¿vamos a ocultarles a los verdaderos dueños de la empresa que tenemos una contingencia de 300 millones? Son decisiones que, en absoluto, corresponden al departamento fiscal, es el consejo el que se debe pronunciar sobre la contingencia y sobre su comunicación o no a la administración y / o a los accionistas.

Por otra parte, si la contingencia se refleja en la documentación corporativa de la empresa para informar a los accionistas y los grupos de interés, la administración tributaria podrá tener conocimiento de la misma. ¿Están preparadas las administraciones tributarias para hacer frente a este nuevo escenario? Que sea la propia empresa la que ponga en evidencia sus contingencias, directa o indirectamente, puede romper muchos esquemas desde el punto de vista de la planificación, selección, metas a cumplir, modelo organizativo. No solo tenemos que fomentar la transparencia, tenemos que ser capaces de gestionar las contingencias fiscales que se nos revelen.

Contamos con importantes aliados para reforzar la gobernanza fiscal: los grandes despachos y los expertos en gestión de riesgos la ven como una oportunidad de negocio, debido a la necesidad de asesoramiento externo de las empresas sobre los cambios que está experimentando la función fiscal.

Las ONGs también han aprovechado el cambio normativo para exigir a los grandes grupos económicos que sean fiscalmente responsables y más transparentes, y algunas de ellas publican estudios sobre la gobernanza y comportamiento fiscal de las sociedades cotizadas que están teniendo eco en los medios de comunicación. Como a ningún grupo económico le gusta quedar en los últimos puestos en las clasificaciones que ordenan a las grandes empresas según su grado de compromiso fiscal, los informes de las ONGs se han convertido en otro factor de cambio puesto que el riesgo reputacional es cada vez más importante para las grandes empresas.

Pero no podemos ser ilusos, este tipo de iniciativas son complementarias: las administraciones tributarias tienen que seguir generando percepción de riesgo y, para ello, el control y la lucha contra la elusión y el fraude son absolutamente prioritarios. No obstante, hay que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, y el reforzamiento de la gobernanza fiscal de las grandes empresas, así como el impacto reputacional de los riesgos fiscales, pueden ayudar a mejorar el cumplimiento voluntario.

Para profundizar sobre la situación en España, puede consultarse «Aquí»

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