Los retos de las administraciones tributarias de América Latina
El Director de Cooperación y Tributación Internacional del CIAT describe los grandes desafíos a los que se enfrentan las administraciones tributarias de América Latina.
Tal vez “heterogeneidad” sea el término que mejor define a América Latina (AL), tanto por las diferencias geográficas, económicas y culturales de sus países, como por la desigualdad en el nivel de desarrollo de sus habitantes. No es tarea fácil definir retos comunes para sus administraciones tributarias (AT). La región alberga AT de clase mundial y otras que presentan carencias significativas, siendo la misión del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) trabajar para reducir las brechas existentes en el nivel de desarrollo de las mismas.
Aunque existen algunas herramientas regionales de armonización – modelos, manuales, propuestas –, en el ámbito de la política tributaria poco se ha logrado armonizar. Por ejemplo, el Código Tributario del CIAT-BID-GIZ representa un modelo regional, que pretende motivar reformas tendientes a “equilibrar el campo de juego”. En la tributación internacional[1], la transparencia y el intercambio de información[2], se está dando un proceso de armonización que surge de iniciativas globales. Este proceso constituye un reto para la región. Sin embargo, nace de la experiencia de países desarrollados y no de AL. A este proceso, lo llamaría “armonización importada”.
Las AT de AL han mejorado principalmente gracias al uso de la tecnología y a un mayor respaldo político por parte de sus gobiernos. De acuerdo a datos del CIAT, desde los años 60, los ingresos tributarios de los gobiernos centrales de AL han presentado una tendencia positiva, pasando de 9,7 (1960) a 16,2 (2014) puntos del PIB, siendo este último valor el más alto registrado en el referido período.
El gran reto que las AT enfrentan consiste en “hacer + con -”. Para ello, es necesario orientar esfuerzos en aquellos ámbitos donde existe riesgo de incumplimiento; con el ánimo de clasificarlos, prevenir su ocurrencia o bien gestionarlos. El reto consiste en fortalecer varios procesos e integrarlos en una sola plataforma – Ej.: acceso y manejo de información, registro de contribuyentes, cuenta corriente tributaria, sistemas de facturación, servicio al contribuyente, investigación, auditoría, recaudación, cobranza, iniciativas de cumplimiento cooperativo, etc.–. En este ámbito, el uso de soluciones tecnológicas avanzadas hace la diferencia. Para no fallar en el intento, es fundamental una adecuada planificación, donde las áreas críticas deben actuar de manera coordinada, inclusive, con actores que trascienden la frontera de la AT.
Un adecuado monitoreo de incentivos tributarios contribuye con el propósito planteado anteriormente. Según datos del CIAT, representan en promedio 4,6 puntos del PIB en AL (2012), siendo éste un número significativo. Asimismo, la adecuada aplicación de convenios para evitar la doble imposición constituye un desafío. Este último tema actualmente no es relevante para todos, aunque gradualmente los países de AL están ampliando sus redes.
El fortalecimiento de la infraestructura jurídica representa una asignatura pendiente para muchos países de AL. Actualmente, el planeamiento tributario es sofisticado, dejando una frontera muy delgada entre la elusión y la evasión. Resulta complejo para las AT aplicar normas generales y específicas anti-abuso. Complementariamente, es oportuno plantear estrategias para evitar litigios y prestar atención a la capacidad de los tribunales a cargo de asuntos tributarios.
Para afrontar estos retos, el compromiso político, el diálogo y la cooperación entre pares, el apoyo internacional, la inversión en recursos para la AT, y ante todo la transparencia tributaria, resultan imprescindibles. En este marco, el reciente convenio de colaboración firmado entre el CIAT y la FIIAPP para promover el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre las AT de la Unión Europea y de América Latina, así como entre las propias administraciones latinoamericanas en el marco del Programa EUROsociAL+, representa una oportunidad para las AT de AL.
[1] Marco Inclusivo BEPS
[2] Estándar sobre transparencia e intercambio de información
Fuente: Publicado originalmente en el sitio web de la FIIAPP (6 de octubre de 2017)
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3 comentarios
Así es Gonzalo, el compromiso de los gobiernos por fortalecer sus AT parece haber decaído, pero la misma encrucijada económica está obligando a volver los ojos sobre temas relevantes.
En primer lugar felicitarlo por interesante tema, su abordaje y contenido.
Consideró que los mayores problemas y retos a resolver es la falta de voluntad política de los gobiernos o algunos gobernantes, ya que al no tener voluntad ni compromiso impide y dificulta llegar a acuerdos satisfactorios, sin embargo, es necesario insistir en estos temas, dar continuidad y seguimiento a los avances, mejorar los objetivos alcanzados, para poder dar saltos cualitativos, en consideración y énfasis a las condiciones propias de los países de América Latina. Es bueno recopilar información y experiencias de otros países, pero se deben adecuar a las condiciones propias de los países de América Latina.
Buen día, un reto evidente en el transcurso de la historia me parece que también es el enfoque de Cohesión Social.
Conceptualmente hablando, la cohesión social presupone:
• La reducción de brechas sociales y una orientación social del gasto público.
• La existencia de una visión compartida de modelo de territorio entre los principales actores y sectores ciudadanos.
• La presencia de un amplio sentimiento de arraigo al lugar, flexible y abierto al cambio.
• La capacidad ciudadana de organización y acción de un territorio para afrontar sus propios retos económicos, sociales, político-democráticos y de sostenibilidad como elemento clave para el desarrollo endógeno.
• El reconocimiento de las diferencias entre grupos y personas (que no desigualdades) como valor positivo, enriquecedor de los lazos sociales.
• El desarrollo de fuertes relaciones sociales (en parte, de tipo comunitario) en entornos diversos: trabajo, escuelas, barrios.
• La garantía de proporcionar igualdad de oportunidades de todas las personas para que puedan desarrollar una vida digna y autónoma.