El CIAT, en coordinación con organismos regionales e internacionales (BID, FMI, OCDE, Banco Mundial, ONU, etc.), iniciativas internacionales (International Tax Compact-ITC, EUROsociAL) y la sociedad civil (Latindadd y Tax Justice Network) ha organizado desde el año 2014, un total de 7 actividades cuyo propósito fue difundir el contenido del Plan de Acción BEPS, sus resultados y desafíos con vistas a su implementación en países en desarrollo. Como resultado de estas actividades, se han elaborado sumarios de las reuniones, que rescatan la visión de los países sobre el nivel de prioridad de las diferentes acciones en sus respectivos contextos, la aplicabilidad de las recomendaciones con los recursos disponibles, entre otros asuntos relacionados con el Plan de Acción BEPS y no relacionados con ellos.

De acuerdo a estadísticas elaboradas en 2014 por el CIAT, el Banco Mundial, y el ITC, todas las acciones del Plan de Acción BEPS presentaban un nivel de prioridad similar para los países de América Latina y Caribe. Sin embargo se percibe un leve sesgo positivo hacia las acciones relacionadas con el control de los precios de transferencia (8 a 10) y negativo hacia las acciones 2 (neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos), 3 (refuerzo de las normativas CFC) y 14 (hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias). Este escenario es de esperar, ya que la región ha venido desplegando esfuerzos en el área de precios de transferencia y por ende, capitalizado mayor conocimiento. En los casos donde se presenta un menor nivel de prioridad, las razones pueden ser múltiples. Por ejemplo, falta de experiencia en el área, no comprensión del riesgo o bien dado el propio contexto económico del país.

La evolución del Plan de Acción BEPS, el conocimiento que en torno a dicho Plan han ido adquiriendo los países y la creación del Marco Inclusivo BEPS, que plantea 4 estándares mínimos, han motivado cambios en algunas prioridades, respecto del escenario planteado en 2014.

Como resultado de compilar las conclusiones de las reuniones regionales llevadas a cabo entre los años 2015 y 2017, a continuación se detallan los aspectos destacados por los países de América Latina y Caribe representados:

Las acciones 8 a 10 siguen manteniendo el máximo nivel de prioridad, adicionándose la Acción 13 (Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia), como acción complementaria a las acciones 8 a 10 y mandatoria para los países que integran el Marco Inclusivo. Por su parte, la Acción 7 (impedir la elusión artificiosa del estatuto de establecimiento permanente) también ha sido catalogada como altamente prioritaria.

Respecto de las acciones 8 a 10, en particular se han planteado los siguientes asuntos relevantes para los países de la región: servicios de bajo valor agregado, reclasificación de operaciones, reporte de acuerdos de distribución de costos y gastos, APA; definición, identificación y valuación de intangibles y utilidad y aplicabilidad del “profit split method” y el sector extractivo (valor actual de minas).

En segundo lugar se han catalogado como prioritarias las acciones 1 (abordar los retos de la economía digital para la imposición), 5 (combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia), 6 (impedir la utilización abusiva de convenios fiscales). Independientemente de ser esta última Acción parte del estándar mínimo, su relevancia o bien el peso específico varía dependiendo de la red de tratados. Asimismo, la Acción 15 ha mantenido igual nivel de prioridad que la Acción 6. Ello es razonable, dado que el desarrollo de un instrumento multilateral que modifique los convenios bilaterales para evitar abusos, va en la misma línea que la Acción 6.

Finalmente, con el menor nivel de prioridad se posicionan la Acción 2 (Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos) – si bien para las administraciones tributarias más avanzados de la región esta acción toma mayor relevancia; y la Acción 4 (Limitación de deducción de intereses y pagos financieros).

Otras acciones también han sido discutidas y resultan de interés para la región. Sin embargo, el nivel de prioridad varía de acuerdo al perfil del país y de su administración tributaria.

En cuanto al seguimiento del Plan de Acción BEPS, los países han solicitado:

• Desarrollar criterios y procedimientos que permitan alcanzar la máxima objetividad, igualdad de condiciones y transparencia en los mecanismos que se implementen para identificar y evaluar prácticas tributarias nocivas (Acción 5). Para ello se considera conveniente que los países de la región estudien más en profundidad y brinden mayor peso específico a las acciones 2 y 6.

• Desarrollar procedimientos adecuados de inducción para nuevos miembros del Marco Inclusivo BEPS, como así también un período de transición para lograr una participación e inclusión efectiva de nuevos miembros de la región.

• Coordinar esfuerzos a nivel iberoamericano, a efectos de promover que la OCDE considere el uso del idioma español como lenguaje oficial en las reuniones y documentos relativos al Plan de Acción BEPS.

• Motivar la realización de reuniones técnicas internacionales en la región, por medio de un mecanismo rotativo entre países miembros. De esta manera se reducen significativamente los costos de los países de la región para atender reuniones.

Entre los principales retos que manifestaron los países de la región al momento de implementar recomendaciones BEPS, se encuentran los siguientes:

• Disponer de una plataforma institucional robusta, dotada de recursos materiales adecuados y recursos humanos capacitados y dedicados al tema BEPS.

• Fortalecer la capacidad de la administración tributaria para participar efectivamente en igualdad de condiciones de la iniciativa BEPS y su consistente implementación. Existe un nivel importante de desigualdad dada por la propia capacidad de los países en desarrollo, que a su vez son desiguales entre si, para estudiar e implementar en los términos definidos en el MIBEPS los estándares mínimos y la no participación de algunos de ellos en el proceso de estudio, discusión y formulación de las recomendaciones de la iniciativa BEPS.

• Mejorar la disponibilidad y acceso a información.

Asimismo, algunos países han manifestado propuestas para facilitar la implementación del Plan de Acción BEPS:

• Más y mejores programas de formación y asesoramiento (transversales), que permitan comprender los diferentes asuntos planteados en la iniciativa BEPS, crear opiniones fundadas y así fortalecer la perspectiva de los países de la región.

• Mover voluntades para destinar mayores recursos presupuestarios al control del planeamiento tributario internacional. Necesidad de aportar financiamiento para que los documentos se encuentren disponibles en español y que las reuniones cuenten con interpretación.

• Promover el incremento de la inversión en las Administraciones Tributarias (en tecnología, personal capacitado y acceso e intercambio de información, entre otros).

• Fortalecer redes regionales de expertos para lograr:

• Intercambio de buenas prácticas y documentos
• Lograr consensos
• Discutir inquietudes generalizadas, problemas o limitaciones, puntos de vista; que puedan ser llevadas a ámbitos internacionales.

• Incrementar la frecuencia de las reuniones regionales sobre fiscalidad internacional y el desarrollo de reuniones regionales sobre MIBEPS (mecanismo rotativo)

• Poner a disposición una biblioteca o base de documentos en español.

Asimismo, los países de la región han planteado otros aspectos. Entre ellos, la suficiencia financiera para afrontar los desafíos que impone el Plan de Acción BEPS y su seguimiento, ciertos problemas para impulsar reformas vinculadas directa o indirectamente al Plan de Acción BEPS, la necesidad de mejorar el diálogo político entre diferentes poderes del Estado, la importancia de las acciones de sensibilización en las etapas de formulación e implementación de reformas, la necesidad de fortalecer la infraestructura jurídica y de revisar los regímenes sancionatorios para motivar un mayor y mejor cumplimiento de obligaciones tributarias, una mayor flexibilidad en los tiempos de implementación de las recomendaciones, promover iniciativas de cumplimiento cooperativo, la necesidad de monitorear incentivos fiscales, facilitar el acceso a documentos BEPS para países que no son miembros de la OCDE o del MIBEPS, necesidad de solventar dudas sobre las consecuencias de no implementar o implementar parcialmente el estándar mínimo, fomentar mayor cooperación y coordinación entre actores regionales, atender asuntos no BEPS que afectan BEPS, como por ejemplo: código tributario, implementar normas y procedimientos para conocer beneficiarios finales (Ej.: Identificación de accionistas del país y del exterior).

En el marco de los debates regionales, han surgido temas de interés de países de América Latina y el Caribe, que no han sido discutidos en el Marco del Plan de Acción BEPS o que habiendo sido discutidos, requerirían ser retomados. Entre ellos, se citan los siguientes:

• Necesidad de retomar el debate sobre el equilibrio y reparto de potestades tributarias (fuente vs residencia) en el ámbito de los convenios para evitar la doble imposición.

• Necesidad de retomar investigaciones y discusiones sobre sistemas alternativos al “principio de libre competencia”, a efectos de controlar operaciones internacionales entre partes vinculadas.

• Necesidad de avanzar en el desarrollo de directrices relativas a precios de transferencia, que se ajusten aún más a las necesidades de la región y en particular, a las características de las actividades más relevantes que en ella se desarrollan. Como ejemplo, se ha propuesto analizar con mayor profundidad el denominado “Sexto Método” para el control de operaciones internacionales que involucran “commodities”, que según algunos países presentes, sí permitiría llegar a un precio de mercado.  Sobre este particular, se destaca que es importante analizar esta metodología conjuntamente con el efecto de los “instrumentos financieros derivados”, siendo que las utilidades de las multinacionales, en los casos objeto del Sexto Método, en general suele residir en estos instrumentos.

• Necesidad de llevar a cabo estudios de sectores económicos que permitan conocer sus principales características, la manera en que operan, su rentabilidad y la carga tributaria que tienen las EMN en los diferentes países en que operan. Necesidad de intercambiar esta información. Entre los sectores económicos más relevantes a estudiar, se destacan el sector minero, el agropecuario, el productor de materias primas y productos naturales en general (banano, café, flores, madera, etc.) y el financiero.

• Evaluar iniciativas para promover la responsabilidad social corporativa, con relación a asuntos tributarios.

Mayor detalle sobre lo mencionado puede encontrar en los sumarios de los eventos regionales sobre BEPS, disponibles en el sitio web del CIAT www.ciat.org.

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