16 medidas tributarias para impulsar el dinamismo empresarial

4 agosto, 2026
Escrito por: Palmer Luis De La Cruz
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Impulsar el dinamismo empresarial constituye una prioridad para los países, especialmente cuando sus economías crecen por debajo de su potencial. En esas circunstancias, se reduce la capacidad para generar empleo formal, disminuir la pobreza y obtener los recursos fiscales necesarios para financiar bienes y servicios públicos esenciales. Es por ello qué es indispensable, en dicho contexto, que los gobiernos implementen medidas articuladas de política pública y gestión administrativa para fortalecer el ecosistema empresarial.

Entre los factores condicionantes del dinamismo empresarial se encuentra el sistema tributario en que deben operar las empresas. En esa misma línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio “Corporate Income Taxation and Business Duynamism”, publicado en mayo de 2026 [1], expone como definiciones del impuesto a la renta de sociedades puede influenciar en la entrada, desarrollo y salida de las empresas.

Por ejemplo, en la publicación antes indicada se describe que: (i) la reducción de tasas efectivas del impuesto puede impulsar la incorporación de empresas pequeñas y jóvenes, aunque la magnitud de los efectos aún no está clara; (ii) la salida del mercado está más influenciada por la selección del mercado y no por variaciones impositivas; y (iii) los costos de cumplimiento altos para empresas pequeñas, medianas y jóvenes pueden limitar su entrada.

En un estudio anterior encargado por los ministros de Finanzas del G20 a la OCDE [2], que incluye el análisis de los efectos de la incertidumbre fiscal, se determina que las decisiones de inversión y ubicación están determinadas por numerosos factores, encontrándose entre los cinco de mayor influencia: la corrupción, la estabilidad política, el entorno tributario general, las condiciones macroeconómicas actuales y previstas para el páis, y los costos laborales. Esto revela una importancia notablemente mayor a la que se suele dar a los asuntos tributarios, aunque su valorización podría estar influenciada por el alto porcentaje de directores fiscales de las empresas que participaron del estudio.

Aunque la tributación no suele ser el principal determinante de las decisiones de inversión empresarial, al ser superada por otros factores, la evidencia internacional muestra que constituye uno de los factores económicos más relevantes.

Siguiendo la misma línea de pensamiento respecto de la influencia del sistema tributario sobre las decisiones empresariales, el proyecto Business Ready (B-READY) realizado por el Banco Mundial (iniciativa que sustituye y mejora el Infome Doing Business) proporciona una evaluación cuantitativa del entorno empresarial con una frecuencia anual y cobertura creciente en número de países, considerando en sus mediciones el nivel de desarrollo de ciertos aspectos de la política y gestión tributaria, a través de consultas con expertos y encuestas a empresas.

En el tema de tributación el B-READY mide la calidad de la regulación abarcando tanto el marco jurídico como la implementación de los requisitos legales; la administración, mediante la evaluación de los servicios públicos brindados relacionados con los impuestos; y la implementación práctica de las regulaciones tributarias.

Como puede notarse en la gráfica al final del documento, el grado de desarrollo promedio de los ocho países de América Latina y el Caribe (ALC) participantes del proyecto muestra una brecha de mejora importante en cada concepto frente a los resultados alcanzados por los diez países mejor evaluados [3]. Esto nos evidencia la necesidad de emprender reformas que permitan a nuestros países alcanzar condiciones impositivas similares a las presentes en países más desarrollados, lo que toma especial relevancia dado que estamos frente a mercados de bienes, servicios y capitales que cada vez tienen menos barreras geográficas.

Las principales brechas de los sistemas tributarios que les imposibilita a los países de ALC contar con un mejor entorno empresarial y por lo tanto ser más competitivos, están presentes, de acuerdo con el alcance del proyecto, en la calidad de la normativa tributaria, la efectividad de los servicios públicos prestados a los contribuyentes corporativos y la eficiencia operativa.

Considerando los resultados presentados en el 2025 y la experiencia internacional, es posible listar las principales acciones de gestión y política fiscal que debieran emprender las autoridades fiscales para asegurar mejores condiciones tributarias para el crecimiento económico, las mismas que se describen a continuación:

Incrementar la transparencia de los parámetros y posiciones internas que sirven de base para la toma de decisiones en los actos administrativos. En muchos casos las administraciones tributarias tienen una postura frente a cómo debe cumplirse una obligación tributaria, pero esta no es de conocimiento de los contribuyentes.

Brindar acceso público a las resoluciones que resuelven las impugnaciones en todas sus instancias, protegiendo los datos reservados. Si bien varias jurisdicciones ponen a disposición información al respecto, en muchos casos esta no incluye los pronunciamientos de las primeras instancias administrativas.

Ampliar los supuestos en que deben emitirse resoluciones públicas vinculantes para incrementar la predictibilidad del sistema. Existe con frecuencia un número limitado de condiciones en que se pueden emitir pronunciamientos vinculantes y casi siempre sin considerar criterios de interés fiscal o recurrencia.

Extender la participación de los actores del sector privado sobre las propuestas de cambios en la legislación y regulación tributarias antes de su implementación. Esto permitirá a las autoridades contar con mayor contexto y visibilidad del impacto en el mercado que generan los cambios, así como mayor adaptación de las empresas.

Simplificar los requerimientos de registros contables en el caso de pequeñas empresas, a efectos de reducir los costos de cumplimiento. Las obligaciones de contar o proporcionar información deben ser graduales en función al tamaño y complejidad de las operaciones, evitando la duplicidad de requerimientos.

Incorporar un umbral de facturación mínimo para el registro obligatorio del IVA u otro impuesto basado en el consumo, o difundir la existencia de este. En algunos casos los umbrales están presentes en los regímenes tipo monotributo, pero el desconocimiento de estos puede limitar el ingreso de nuevas pequeñas empresas.

Adoptar altos estándares de calidad para las plataformas digítales habilitadas para los contribuyentes, con auditorías internas y externas, cuyos resultados y planes de respuesta deben ser públicos. Otras características importantes son el enfoque temático por tipo de administrado y la integración con los sistemas empresariales.

Completar los servicios de declaraciones pre llenadas, incluyendo al menos el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta empresarial y los impuestos sobre la nómina. Si bien las administraciones han avanzado en este aspecto la cobertura y la aceptación de la propuesta siguen siendo parciales.

Mantener una actualización permanente de los sistemas de recaudación a efectos de posibilitar el pago de las obligaciones tributarias en los cada vez más amplios servicios financieros y formas de dinero disponibles. Esto es especialmente relevante si consideramos que las operaciones transfronterizas están en expansión.

Integrar los procedimientos de creación y actualización de los datos de las empresas a nivel del Estado, a efectos de evitar multiplicidad de trámites, múltiples requerimientos de información y costos de tramitología. Para esto se requiere de una plataforma de interoperabilidad y la utilización de una identidad digital única.

Establecer procesos periódicos de rendición de cuentas a la sociedad que contemple por lo menos: el cumplimiento de objetivos institucionales, niveles de percepción sobre el sistema tributario, evaluación de cumplimiento de la conducta de los funcionarios públicos y niveles de atención de quejas y denuncias.

Formular y publicar un plan anual de fiscalización que exponga los criterios técnicos que sustentan los principales aspectos que serán materia de control tributario, el despliegue de los esfuerzos de las administraciones tributarias, y los resultados esperados y obtenidos en términos de mejora del cumplimiento.

Simplificar los procedimientos administrativos y reducir la frecuencia de los requerimientos formulados. Sin bien las administraciones tributarias buscan atender este punto con herramientas digitales, en muchos casos olvidan medir el impacto de las soluciones y estas terminan siendo más costosa que la posición inicial.

Reducir los tiempos de las auditorias y resolución de controversias, a efectos de dotar al sistema de mayor certeza tributaria. Cuando los procedimientos son terminados en plazos extensos generan incertidumbre respecto de la posición que deben adoptar las empresas en futuras operaciones e incremento de nuevas impugnaciones.

Evaluar la tasa impositiva efectiva del impuesto a la renta empresarial, a efectos de asegurar que esta sea progresiva. Esta medida va más allá de contar con diferentes tasas o regímenes, dado que incluye el revisar si efectivamente el porcentaje de cada segmento permite afirmar que se cuenta con un sistema tributario progresivo.

Habilitar mecanismos de prevención eficaz de controversias (acuerdos anticipados de precios, acuerdos conclusivos, etc.) y establecer canales de comunicación bilaterales efectivos con los contribuyentes con operaciones complejas. En muchos casos estas son medidas presentes en las legislaciones, pero no implementadas en la práctica.

La incorporación de estas medidas no debe interpretarse como una limitación de las facultades de las administraciones tributarias (por ejemplo, fiscalización y control). Por el contrario, dichas facultades siguen siendo indispensables para garantizar la integridad y la equidad del sistema tributario, pero su ejercicio debe responder, entre otros, a los principios de proporcionalidad, eficiencia y verdad material, lo que permite contar con una relación jurídica-tributaria más virtuosa, no solo en términos de recaudación sino también en aspectos vinculados con el crecimiento económico.

Por otro lado, en muchos casos podría pensarse que la contribución del sistema tributario al dinamismo empresarial podría venir tan solo del otorgamiento de beneficios tributarios; sin embargo, las medidas listadas, basadas en elementos teóricos y prácticos, nos muestran que la gestión de las administraciones tributarias tiene mucho que ver. De hecho, el Fondo Monetario Internacional en su estudio “Raising Tax Revenue: How to Get More from Tax Administrations?” estima que la mayor eficiencia de los entes recaudadores puede aportar a la recaudación cerca de tres puntos porcentuales del producto interno bruto [4].

El enfoque planteado, respecto de la importancia de la gestión tributaria, adquiere mayor relevancia en el actual contexto de implementación del impuesto mínimo global promovido por la OCDE, que al establecer una tasa efectiva mínima para los grandes grupos multinacionales podría limitar los efectos de determinadas exenciones tributarias. En consecuencia, el impulso a las medidas listadas y dependientes del quehacer de las administraciones tributarias resultan especialmente pertinentes en el escenario tributario actual.

En términos generales la gestión tributaria debe asegurar eficiencia, transparencia y credibilidad. Alcanzando sus objetivos con el menor costos de cumplimiento posible, aprovechando la tecnología y las sinergias; comunicando oportuna y adecuadamente los cambios y posiciones asumidas respecto del cumplimiento de las obligaciones; y siendo consistentes en su actuar técnico con alto nivel de especialización, basado en el marco legal y el respeto de los derechos de los contribuyentes, aportando con ello a la seguridad jurídica.