La profesión

Los abundantes y crecientes indicios de ilicitud que afectan a las economías enriquecen la delincuencia y degradan la condición humana, me llevan a pensar en las “experticias que alimentan sus ambiciones egoístas blindando la ilegalidad en un entorno de desigualdad y pobreza de las comunidades procurando salvar una competencia  hoy superada por la tecnología sin rol que la sustituya.

Algunos profesionales ven robotizar sus servicios por la tecnología y en carencia de los valores esenciales,  degradan la confianza comunitaria en su gestión personal subiéndose   al carro más rápido en satisfacer sus ambiciones.

De tal modo las crisis socioeconómicas nacen en una ilegalidad blindada por “expertos” que, amparados en la debilidad del orden imperante, en la incapacidad o desinterés para mejorarlo y en limitaciones del rol profesional para merecer la confianza en que fue formado, la convierten en cultura.

Con total respeto de aquellos que fundan su profesión en valores que priorizan la condición social humana sobre egoísmos personales, algunas reflexiones…

La formación de expertos

Un rol esencial en la gestión de información de realidad económica es el del profesional que certifica el crédito de las empresas, asiste a la confianza de los inversores y sirve al fiel cumplimiento de los aportes al pacto social.

Es propio a la formación de profesionales , la guardianía de la integridad financiera con los organismos reguladores en la lucha contra las actividades ilícitas. Su rol clave es el de la asistencia en su competencia con herramientas tecnológicas para operar en la economía.

Cabe a las universidades y asociaciones profesionales formadoras, la responsabilidad de atender el cumplimiento profesional de estándares éticos y códigos de conducta, prevenir el crimen, luchar contra la corrupción y concientizar las consecuencias de participar en actividades ilegales.

De mayor significación es la supervisión del Estado sobre la actividad económica, la formación de expertos por universidades y asociaciones profesionales y la intervención de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en actividades ilegales o sospechosas.

Atributos

Cuando el Estado requiere certificación o dictamen profesional en declaraciones de impuestos o en pericias contables, recurre a profesionales para construir realidad económica o afectarla cuando no la representa.

La relación entre profesionales y Estado aporta a la integridad del sistema tributario en la gestión de los procesos de auditoría, identificación, superación de brechas en la legislación y promoción de mejores prácticas en la presentación de informes financieros.

La independencia de criterio y la fe pública constituyen atributos de la profesión que construyen su confiabilidad, integridad y responsabilidad sobre la información financiera.

La independencia de criterio

La independencia de criterio es un principio que implica objetividad e imparcialidad en la capacidad de formar una opinión propia e imparcial sobre la situación financiera y los resultados de la organización.

Desafían tal independencia los conflictos de intereses con la entidad que se audita o certifica, la presión propia o la de otras partes interesadas, las regulaciones en los códigos éticos o la opacidad de los procesos de auditoría y certificación.

La fé pública

La fe pública es un atributo que conlleva responsabilidad ética y profesional, confiere presunción de exactitud y credibilidad e implica confiabilidad del trabajo profesional a menos que se demuestre lo contrario.

Los profesionales investidos con fe pública están obligados a actuar con integridad, imparcialidad y respeto a la ley en el ejercicio de sus funciones y si se involucran en actividades ilegales violatorias de su fe pública, enfrentan sanciones administrativas,  suspensión o revocación de la licencia profesional y probabilidad de cargos penales.

Regulaciones Profesionales

Un desafío fundamental del orden regulatorio para fortalecer la confianza en la veracidad de la información económica y el sistema tributario es el equilibrio entre la responsabilidad y protección de los profesionales y el deber ético de informar sobre actividades ilícitas o fraudulentas.

De la actividad

Los profesionales involucrados en prácticas ilegales o poco éticas generan dudas sobre la integridad de su profesión y la de los institutos que la forman y controlan.

Para guiar la conducta profesional se requieren regulaciones que mínimamente deben abordar estándares éticos, técnicas de revisión y auditoria, competencia para comprender y abortar prácticas indebidas, cooperación entre jurisdicciones para abordar la evasión fiscal y otras ilegalidades y transparencia de las operaciones tributarias.

De las asociaciones de registro

Las asociaciones de registro y regulación de actividades profesionales tienen su origen en la necesidad de establecer estándares y promover prácticas en técnicas de supervisión y fiscalización de normas, defensa de intereses, capacitación, desarrollo profesional y representación de intereses profesionales.

Las asociaciones deben proveer estándares y protocolos para determinar la veracidad y exactitud de la información financiera e identificar irregularidades asimismo ayudan a promover la integridad y transparencia del proceso, siendo habitual su sujeción a regulaciones gubernamentales que garantizan su funcionamiento y el cumplimiento de estándares éticos y legales.

El Estado puede incluir la revisión y aprobación de los códigos éticos y de conducta de las asociaciones profesionales, la investigación de los programas de formación que violen estas normas o su vigilancia y las condiciones penales de su sanción.

Debe existir equilibrio entre la supervisión estatal y la independencia profesional, para preservar la autonomía y la capacidad de autorregulación de la profesión.

La licitud

La percepción de la existencia de actividades ilícitas o de quienes se benefician de prácticas fraudulentas o elusivas, genera desconfianza en el Estado y afecta el aporte de la comunidad.

La relación de actividades ilícitas con la corrupción influenciada por factores de poder delincuenciales y soborno, debilita la capacidad coercitiva del Estado.

Cuadro No.1

  “Valor de mercado del crimen transnacional”

Fuente: Transnational Crime and the Developing World. Global Financia Integrity. Channing May. March 2017.

Las cifras son alarmantes, la realidad delata la demencial significación de los beneficios financieros y daños sociales que erosionan la confianza pública, alimentan la desigualdad y la exclusión y debilitan la economía, aumentando la inseguridad y la violencia y causando sufrimiento humano.

La ilicitud exige algo mas que una estrategia represiva, comprenderla implica realimentar los elementos que la facilitan, la búsqueda de las causas que los estimulan y su ajuste.

La experticia de la ilicitud

Es el conocimiento y experiencia en actividades ilícitas o criminales, en el desarrollo de estrategias elusivas y en sus consecuencias legales.

Las profesiones que pueden verse involucradas en la experticia para blindar transferencias de beneficios financieros ilícitos suelen tener un conocimiento especializado en finanzas, derecho y estructuras corporativas internacionales.

Estas profesiones, a través de su formación y habilidades, pueden ser utilizadas para diseñar complejas estructuras para ocultar o legitimar fondos provenientes de actividades ilícitas, como el lavado de dinero, la evasión fiscal o la corrupción.

La experticia puede incluir especialización en aspectos regulatorios de activos ilícitos en contabilidad y finanzas,  asistir a la administración de registros contables, a la creación de estructuras financieras y la utilización de instrumentos para blindar la ilicitud que hacen posible la salida de los flujos financieros resultantes gracias a la existencia de un mercado de servicios, fuera del país, que brinda arquitectura y organización a la creación de estructuras jurídicas y a la planificación impositiva y financiera requerida.

La opacidad del sistema financiero y tributario internacional disimula las guaridas fiscales, las estructuras sociales y los instrumentos que ocultan beneficiarios de la ilegalidad, sus actividades y el asesoramiento y confidencialidad de los expertos que utilizan.

La Experticia Ilícita Y Las Entidades De Formación Y Regulación Profesional

La complicidad de profesionales en actividades ilícitas y el flujo financiero que deriva de ellas, afecta la reputación institucional de las universidades y asociaciones profesionales que los han formado y registrado en cuanto a la integridad y calidad de la educación y formación que proporcionan, en la revisión de responsabilidades por el cumplimiento de normas y en la cooperación con investigaciones y autoridades.

Imputabilidad

La asistencia de expertos al blindaje de actividades ilícitas señala la urgente necesidad de revisar el compromiso de las asociaciones inclusivas y de las universidades al servicio íntegro del pacto social.

Las universidades están destinadas a proporcionar educación, conocimientos y habilidades a los estudiantes, pero no pueden controlar completamente las acciones de los graduados una vez que abandonan la institución en la que han sido formados.

El Estado resulta más efectivo en la supervisión y regulación de la actividad económica para prevenir y detectar actividades ilícitas, sancionarlas y realimentar las entidades que dan vida y vigilancia de las profesiones, que la imputación de responsabilidades a las instituciones formadoras.

El futuro de la profesión

La penetración del poder ilícito en las decisiones de Estado lleva a la ambición desmedida en la Sociedad que, alentada por los intereses de actividades no reguladas y estimulada por la experticia ilegal, resulta cada vez más acuciada por la violencia de las decisiones.

Si las profesiones se asocian con la evasión fiscal, el lavado de dinero y la ocultación de activos, , se erosiona la confianza pública fundada en la independencia de criterio y la fe pública

Muchas de las funciones tradicionales profesionales hoy pueden ser realizadas por la inteligencia artificial, software, habilidades en análisis de datos, ciberseguridad, y tecnologías emergentes como blockchain y exponen a las profesiones la opción de nuevos roles y reglas de juego que le presenta la actual realidad.

Una opción es la especialización en áreas como la auditoría forense, el cumplimiento de normas, la prevención de fraude y la ética empresarial, ayudando a combatir las actividades ilícitas.

“Sin embargo los avances en contabilidad forense y análisis financiero son aprovechados por individuos sin escrúpulos en facilitar la fuga financiera y la evasión fiscal”

La amenaza de que la «experticia de la ilegalidad» se convierta en un componente significativo de las profesiones, debiera desencadenar reformas éticas y regulatorias con estándares más estrictos, auditorías más rigurosas y sanciones más severas para los involucrados.

La respuesta del Estado y de la Sociedad, influirá en su futuro. La máxima transparencia y rendición de cuentas exigida por los gobiernos y la sociedad civil, tal vez disuada a los expertos de involucrarse en actividades ilícitas. Una respuesta laxa podría permitir que la «experticia de la ilegalidad» gane adeptos.

Las expectativas tecnológicas, el avance de la economía ilegal, el creciente incumplimiento en los aportes al pacto social, la incapacidad coercitiva del Estado para contenerlo y el deterioro de las condiciones de convivencia advierten que las profesiones de referencia enfrentan una encrucijada.

La idea de que las profesiones podrían optar por especializarse en la ilicitud como medio de vida es una preocupación extrema y refleja un escenario pesimista. No obstante, si las profesiones no toman medidas proactivas para reforzar sus principios, no pocos serían tentados a seguir este camino.

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