Después de presentar las orientaciones de las políticas climáticas en los países del G-7, dedicamos esta segunda parte [1] a los instrumentos de políticas de países en desarrollo, particularmente América Latina.

En los países en desarrollo, el panorama de las medidas tributarias relacionadas con el cambio climático está cambiando rápidamente, sin embargo, a veces los estados toman medidas urgentes y especificas para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos, y las políticas a nivel de estado tienen poca coordinación multilateral: Existe a menudo una competencia entre inversiones energéticas a corto termino y las políticas nacionales con marcos de políticas ambientales de transición energética y de preservación de la biodiversidad.

Las organizaciones financieras multilaterales, BMD, FMI, Banco Mundial, BID, siguen tomando medidas para vincular las financiaciones e inversiones a los países en desarrollo con la implementación de medidas para limitar las emisiones de carbono y preservar la biodiversidad. [2] Por otra parte, los precios altos de las energías fósiles siguen invitando mantener o aumentar su producción en los países que las exportan. Se necesita más coordinación interna de cada estado para evitar choques de prioridades en las políticas de financiación del desarrollo, sobre todo que, a raíz de la pandemia mundial del COVID, de la crisis climática afectando la agricultura, y de las guerras, la extrema pobreza ha aumentado en los últimos años.

A nivel tributario, las bases de datos de las AT deberían actualizarse para integrar los datos del cambio climático: Si una región de un estado sufre de una sequía aguda o de un periodo de inundaciones mas intenso que en el pasado, los programas deberían poder anticipar estas situaciones, facilitar la reducción o suspensión temporarias de los impuestos de las zonas siniestradas, por ejemplo los impuestos inmobiliarios y/o del sector agropecuario. No es deseable esperar situaciones de tragedia total como las inundaciones del Pakistán en 2022, para integrar la dimensión de la emergencia climática en la planificación estatal.

América Latina

Un reciente estudio de la fundación Thomson Reuters analiza y compara los marcos medioambientales relacionados con el cambio climático en Latino América.

«Se prevé que América Latina sea una de las regiones del mundo donde los efectos e impactos del cambio climático serán más intensos.

Todos los países de la región ratificaron el Acuerdo de París (AP) y presentaron sus respectivas NDC (Contribuciones nacionalmente determinadas). Sin embargo, solo 7 países cuentan con una ley marco sobre el cambio climático (LMCC). Una ley LMCC, como definido por la AIE (IEA en Inglés)  establece los principios y los principales aspectos de la política de cambio climático. Su objetivo es coordinar y apoyar la gestión integral, de manera participativa y transparente, de las estrategias de mitigación y adaptación climática, cumpliendo con los compromisos internacionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y contribuyendo a las oportunidades de desarrollo bajo en carbono. La introducción de la política climática en la ley marco ayuda a reducir la posibilidad de retrocesos en este ámbito y proporciona un mandato a los responsables políticos para avanzar en la acción.

Fuente: Informe sobre la legislación de cambio climática, Thomson Reuters Fundación

Con respecto a los siete países mencionados en el gráfico, que ya cuentan con su LMCC, deben seguir promoviendo iniciativas más ambiciosas y acordes con la realidad que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático nos señala con mayor crudeza año tras año. [3] La existencia de una LMCC permite más coherencia en las políticas nacionales, aunque no protege de los cambios políticos abruptos. Brasil fue el primer país de LAC que adoptó una ley marco de cambio climático, en 2009.

Hay que notar que varios países, como Ecuador a pesar de no aparecer en esta lista tienen en su constitución política artículos importantes sobre la política Ambiental, que podrían fácilmente traducirse en una LMCC. Otros, como Costa Rica o Uruguay, tienen una política ambiental muy activa en el continente.

El C-PIMA

El FMI ha desarrollado una herramienta para la Evaluación de la gestión de la inversión pública en relación con el clima (C-PIMA, Climate-Public Investment Management Assessment) [4]. El C-PIMA implica una evaluación de las cinco instituciones de gestión de la inversión pública que son clave para una infraestructura respetuosa con el clima: C1. Planificación respetuosa con el clima. C2. Coordinación entre entidades. C3. Evaluación y selección de proyectos. C4. Presupuestación y gestión de la cartera. C5. Gestión de riesgos. Cada institución se analiza además según tres dimensiones que reflejan las características clave de la institución.
Las administraciones tributarias no se encargan directamente de la inversión pública de un país, pero deben incluir los riesgos relacionados con el clima entre sus proyecciones.

Una tendencia de inversión que beneficia a algunos es el “Nearshoring” [5], que a diferencia del “Offshoring”, Consiste, para los grupos multinacionales a favorecer la producción en países cercanos a los principales mercados de consumo de los productos, evitando los gastos de emisiones y riesgos ambientales vinculados con los transportes largos. En AL, México y Colombia se benefician de esta tendencia. [6]

La tarificación de las emisiones de carbono en los países en desarrollo

Una fuente progresiva de ingresos en muchos países en desarrollo [7] 

A falta de una cooperación mundial eficaz, los países en desarrollo tienen que plantearse seriamente la tarificación del carbono y, en particular, los impuestos sobre el carbono. Puede evitar que particulares y empresas realicen inversiones en tecnologías que luego se desaprovechan. Por ejemplo, las compañías eléctricas invertirán en nuevas centrales eléctricas que utilicen tecnologías de alto contenido en carbono. Pero más tarde tendrán que desecharlas, desperdiciando la inversión. Un precio del carbono proporciona ahora una señal fuerte que debería ayudar a evitar estos efectos de «bloqueo». Un segundo aspecto es la importancia de transmitir el mensaje de que las autoridades se toman en serio el cambio climático.

Como medida de la voluntad pública de hacer frente a la crisis climática, los impuestos sobre el carbono ofrecen una fuente de ingresos potencialmente importante y administrativamente viable. Aumentar los ingresos fiscales es una parte importante de las agendas de desarrollo, y la pandemia del COVID-19 ha acentuado esta necesidad al tiempo que ha aumentado la preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas en algunos países. Aplicar precios al carbono en forma de impuestos sobre los combustibles fósiles -como se ha hecho en Colombia y Sudáfrica- es factible en la mayoría de los países, ya que estos bienes suelen estar ya gravados (o subvencionados) en cierta medida. En contextos en los que la economía informal representa una gran parte de la actividad económica, los impuestos sobre el carbono pueden resultar menos costosos administrativamente que otros tipos de impuestos y ofrecer una forma de reducir la brecha fiscal entre los sectores formal e informal.

Algunos datos de países:

• Brasil:

En diciembre del 2022, El Banco Mundial anunció el proyecto de Finanzas Climáticas de Brasil (Brazil Climate Finance. [8])

El Proyecto de Financia Climática de Brasil es un proyecto de intermediación financiera que pretende animar a las empresas a reducir su huella de carbono. Para ello, el proyecto adopta un innovador enfoque de financiación basado en los resultados que incentiva a las empresas a adoptar y aplicar planes significativos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El proyecto también aumentaría el acceso de estas empresas a mercados de carbono de alta calidad. El proyecto propone aprovechar la financiación privada para aumentar el impacto en apoyo del objetivo brasileño de emisiones netas cero, incluidos los sectores agrícola y terrestre. El perfil de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Brasil está dominado por la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra (AFOLU en Inglés: Agriculture, Forestry and Other Land Use). En colaboración con el Banco do Brasil, el mayor banco de Brasil y líder del mercado en préstamos a la agricultura y los sectores basados en el uso de la tierra, el proyecto tiene como objetivo apalancar 1,400 millones de dólares en capital privado y reducciones adicionales de emisiones de CO2 para 2030 en una serie de sectores, de los que se espera que los sectores AFOLU representen una parte importante.

• México:

A principio de febrero 2023, México inaugura el proyecto solar más grande de América Latina, en el estado de Sonora y da la bienvenida a la inversión de todos los países en sus proyectos de energía limpia, dijo el jueves su canciller, lanzando una ofensiva diplomática de encanto en medio de la preocupación internacional por polémicas reformas energéticas que aumentan el papel del estado en la producción de energía, que según sus detractores favorece los combustibles fósiles. [9]

• Colombia:

A partir del 1 de enero de 2023 se aplica una amplia Ley de Reforma Fiscal.

Esta reforma amplía el ámbito de aplicación del impuesto sobre el carbono para incluir la venta, el autoconsumo y la importación de carbón (se aplicarán ciertas exenciones, incluido el carbón destinado a la exportación). Los tipos aumentarán sin dejar de ser valores específicos por tonelada, galón o cuadrado cúbico. Adopta un enfoque escalonado para el aumento de los tipos del carbón desde 2023 hasta 2027. El impuesto sobre el carbono será deducible a efectos del Impuesto a las rentas corporativas (CIT). [10]
En conclusión, en la COP26, celebrada en Glasgow en noviembre 2021, los países acordaron reducir progresivamente el uso del carbón, el combustible fósil más contaminante. La propuesta de la India en la COP27 de ampliar este compromiso a todos los combustibles fósiles obtuvo el apoyo de más de 80 gobiernos, incluidos los de la UE, pero contó con la oposición de Arabia Saudí y otros países ricos en petróleo y gas.

El acuerdo final de la COP27 repitió el compromiso de reducir progresivamente la energía de carbón, pero no mencionó el petróleo ni el gas.

Existe preocupación por la posibilidad de que se produzca una dinámica similar este año en la COP28, que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos, país productor de petróleo de la OPEP. Según los científicos de la ONU, el mundo debe reducir sustancialmente el uso de combustibles fósiles en esta década para evitar los efectos más devastadores del cambio climático. La UE también tiene previsto actualizar su objetivo de reducción de emisiones para 2030 en el marco del acuerdo climático de París, y establecer uno nuevo para 2040, con el fin de guiar a los países hacia el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero en 2050.

[1] Ver: https://www.ciat.org/ciatblog-repaso-de-politicas-climaticas-con-aspectos-tributarios-para-2023-primera-parte/

[2] https://www.worldbank.org/en/news/statement/2023/01/13/world-bank-group-statement-on-evolution-roadmap

[3] https://prensariotila.com/informe-sobre-la-legislacion-de-cambio-climatica-en-latinoamerica/ Con enlace del estudio

[4] https://infrastructuregovern.imf.org/content/PIMA/Home/PimaTool/C-PIMA.html

[5] https://www.nextu.com/blog/que-es-el-nearshoring-y-por-que-es-importante-para-america-latina-rc22/

[6] https://www.bizlatinhub.com/es/nearshoring-en-colombia-inversion/

[7] https://ifs.org.uk/articles/what-case-carbon-taxes-developing-countries

[8] https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099800011302228261/p1788880aa8da5060b6c205df5e2d32150

[9] https://www.france24.com/en/live-news/20230203-mexico-invites-foreign-investment-in-clean-energy-transition

[10] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63521117

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